Presentan recurso de alzada para paralizar las obras de Los Mateos ante la gran amenaza para la salud, con grave riesgo a la infancia
Ante la gravedad de los hechos denunciados, que podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, los servicios jurídicos de las asociaciones están estudiando la posibilidad de poner el expediente en conocimiento de la Fiscalía para que se depuren las posibles responsabilidades penales.
Vecinos de Cartagena denuncian un "grave riesgo para la salud pública" y piden la nulidad del plan de descontaminación de Los Mateos.
La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena han presentado hoy un recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, solicitando la nulidad de pleno derecho de la resolución que aprueba el proyecto de descontaminación de la Unidad de Actuación n.º 1 (UA‐1) del barrio de Los Mateos para las construcción de viviendas sociales. Las asociaciones denuncian que el proyecto se ha aprobado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", basándose en informes "inválidos y manifiestamente incompletos" que generan una situación de grave riesgo para la salud de los vecinos, especialmente para la población infantil.
El recurso, de 88 páginas, detalla una concatenación de "vicios sustantivos y procedimentales de extrema gravedad" que, a juicio de los recurrentes, invalidan por completo la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente. El proyecto, destinado a limpiar unos terrenos para la futura construcción de viviendas y un parque infantil, es calificado como una "temeridad" que, lejos de solucionar un problema, "crea un nuevo foco de contaminación secundario y agrava el riesgo sanitario".
Puntos clave de la denuncia:
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Informes técnicos sin validez legal: El pilar de todo el proyecto es un informe de caracterización de suelos realizado por una entidad (el grupo de investigación GARSA de la UPCT) que carece de la acreditación técnica obligatoria por ley (norma UNE‐EN ISO/IEC 17025). Según el recurso, esta omisión "socava los cimientos de fiabilidad técnica" y convierte todos los actos posteriores, incluida la resolución final, en nulos de pleno derecho. La Administración, denuncian, "ha ignorado el estándar de rigor que impone coercitivamente a terceros, en un ejercicio de arbitrariedad".
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Caracterización incompleta y omisión de focos contaminantes: La investigación de los suelos se califica de "manifiestamente incompleta", al haberse ignorado por completo focos de contaminación notorios y colindantes como una vía de ferrocarril (FEVE) y una estación de servicio. Esto provocó que no se analizaran contaminantes orgánicos de alta toxicidad como hidrocarburos (BTEX, TPH, PAHs), cuya presencia es altamente probable. "Se ha autorizado una actuación a ciegas, que podría dejar en el subsuelo contaminantes de alta toxicidad sin identificar y, por ende, sin tratar", afirma el escrito.
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Riesgo inaceptable para los niños: A pesar de que el proyecto contempla la creación de un parque infantil y zonas verdes, el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) omitió por completo la modelización de escenarios de exposición específicos para la población infantil, el colectivo más vulnerable. Esta omisión contraviene directamente la normativa estatal y autonómica, que exige analizar el riesgo para el niño como el "receptor determinante" en usos urbanos.
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Incompetencia en la evaluación del riesgo radiológico: El expediente reconoce la presencia de fosfoyesos, clasificados como material con radiactividad natural (NORM). Pese a ello, la Dirección General de Medio Ambiente evaluó y descartó el riesgo, usurpando una competencia que la ley atribuye de forma exclusiva al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno de la Nación.
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Gestión "a ciegas" y creación de un nuevo riesgo: El proyecto aprobado autoriza la excavación de miles de toneladas de residuos peligrosos sin tener un destino final definido, posponiendo su caracterización. Esta práctica, calificada de ilegal, "crea un foco de contaminación secundario por dispersión de polvo y generación de lixiviados, intensificando un riesgo por inhalación que el propio expediente ya reconoce como inaceptable para los vecinos".
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Vulneración de derechos fundamentales: El recurso acusa a la Administración de una vulneración continuada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física. Se argumenta que las autoridades tenían conocimiento científico del "riesgo no admisible" para los vecinos desde mayo de 2023 y, pese a ello, omitieron su deber de actuar, permitiendo que la población siga expuesta a un peligro grave y conocido.
Ante la inminencia de la ejecución de las obras, las asociaciones han solicitado al Consejero que suspenda de forma inmediata el proyecto y la licitación en curso.
Además, exigen la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la salud de los vecinos mientras se resuelve el recurso, entre las que se incluyen el recubrimiento integral de la superficie con geotextil para evitar la dispersión de polvo contaminado, el vallado completo del perímetro para impedir el acceso y la señalización clara que advierta del riesgo sanitario.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, que podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, los servicios jurídicos de las asociaciones están estudiando la posibilidad de poner el expediente en conocimiento de la Fiscalía para que se depuren las posibles responsabilidades penales.
"No estamos ante meras irregularidades, sino ante una quiebra deliberada de las garantías mínimas que cualquier administración diligente debe aplicar"
"Se ha supeditado la protección de la salud a la urgencia por cumplir plazos de una subvención europea ya fallida, y no vamos a permitir que la salud de nuestras familias, y especialmente la de nuestros hijos, pague el precio de esta negligencia".
Foto portada de la web del Ayuntamiento de Cartagena
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