¿Casualidad o causalidad? Sólo pocos días después de que el Ayuntamiento de Murcia aprobara iniciar los trámites para tres modificaciones del Plan General que permitirán desarrollar nuevos sectores urbanísticos en el Campo de Cartagena, con la construcción de cerca de 8.700 nuevas viviendas en las pedanías murcianas de Corvera y de Baños y Mendigo, el gobierno de López Miras ha incluido en el Decreto-Ley 1/2025, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, una medida que, en opinión de Ecologistas en Acción, parece hecha como anillo al dedo para “favorecer determinados intereses mercantiles urbanísticos muy fuertes”.
Como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia publicado el pasado sábado 7 de junio, el gobierno ha derogado “sin dar ninguna explicación concreta” una normativa de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia [1] que obligaba hasta ahora a pasar una evaluación ambiental más rigurosa (denominada “ordinaria”) a las modificaciones de los planes generales calificadas como estructurales, es decir, aquellas que por ejemplo pueden alterar sustancialmente el uso del suelo, los sistemas generales (parques, dotaciones, etc) o incluso reclasificar el suelo no urbanizable.
Pues bien, al eliminar dicha normativa, todo apunta a que ahora estas modificaciones que afectan a millones de metros cuadrados de territorio, generan miles de nuevas viviendas y habitantes, con sus correspondientes accesos, servicios, saneamiento, depuración, etc, podrán someterse sólo a una evaluación ambiental “simplificada”, lo cual según los ecologistas es frontalmente contrario a la Ley estatal de evaluación ambiental e incluso a la Directiva europea en la materia.
Según el portavoz de Ecologistas, Pedro Luengo, el gobierno regional ha llegado demasiado lejos en cuanto a favorecer los intereses económicos particulares de determinados miembros de la patronal. “Es una vergüenza que la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) haga gala en público con toda desfachatez de que, como se ha publicado[2], el texto legal aprobado por López Miras “incorpora 63 propuestas elaboradas por la confederación”, fruto dicen “del trabajo que comenzó en enero de 2024, cuando CROEM impulsó -según reconocen- un proceso de consulta con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas”. Los ecologistas emplazan a la patronal a que identifique públicamente esas “grandes empresas” beneficiarias de la “generosidad simplificadora” del ejecutivo regional.
Para la organización, estos Decretos de simplificación se utilizan para colar la eliminación de garantías de protección del interés público, en aras de facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. Es algo intolerable, ya que se supone que la administración pública debe velar justo por lo contrario: que el beneficio privado no se construya en detrimento del interés general.
Además, para Ecologistas en Acción, se abusa de la excusa de la urgencia, a pesar de reconocer más de año y medio de preparación, por ser la forma en la que justificar que las “modificaciones a la carta” se aprueben mediante decretazo, evitando el debate público, las aportaciones de otros sectores y de la sociedad, así como evitar los informes preceptivos del Consejo Jurídico, o del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por el que por cierto no han pasado la mayor parte de las modificaciones legales sobre las que debía haberse pronunciado.
“Si la Asamblea Regional no revisa esta derogación, pediremos al Defensor del Pueblo y al Gobierno nacional que la recurran ante el Tribunal Constitucional”, además pedirán –concluye Pedro Luengo- a la Comisión Europea que abra un expediente de infracción.
[1] Letra e del apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia
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