Ante las recientes declaraciones de la alcaldesa de Cartagena, Dña. Noelia Arroyo, en relación con la denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos del Sector Estación y la Plataforma de Suelos Contaminados ante el Juzgado de Instrucción que por turno proceda, esta parte se ve en la obligación de realizar las siguientes puntualizaciones para rebatir, con hechos y fundamentos jurídicos, las inexactitudes vertidas y centrar el debate en lo que es verdaderamente relevante: la protección de la salud pública y el cumplimiento de la ley.
La alcaldesa desvía la atención hacia el robo de un vallado, un hecho lamentable pero absolutamente irrelevante frente a la magnitud del problema. Nuestra denuncia no se basa en la ausencia de una valla, sino en la omisión deliberada durante más de dos años de adoptar medidas efectivas para impedir la dispersión de partículas tóxicas por el aire.
El Riesgo es Aéreo, no de Acceso: El propio informe del Ayuntamiento (Análisis Cuantitativo de Riesgos) confirma que el "riesgo inaceptable para la salud humana" se produce por la inhalación de partículas contaminadas que el viento arrastra desde la parcela hasta el interior de las viviendas. Un vallado no detiene el polvo tóxico.
Dejación de Funciones: La obligación de la administración, conociendo el riesgo desde mayo de 2023, era aplicar con carácter de urgencia medidas de mitigación como la cubrición de los suelos con geotextiles o supresores de polvo. Escudarse en el robo de una valla para justificar dos años de inacción ante un riesgo sanitario grave es una grave dejación de funciones.
La afirmación de que los informes son "transparentes, accesibles y públicos" es una falacia que oculta una realidad de opacidad sistemática.
Ocultación Deliberada: Esta parte ha tenido que presentar múltiples solicitudes y recursos por silencio administrativo para acceder a un expediente que se nos ha negado sistemáticamente.
de opacidad ya se le hizo constar a la propia alcaldesa en un escrito resumen de toda la inacción administrativa que se le remitió en el día de ayer.
El Problema no es la Existencia, sino la Validez: La cuestión central no es si existen informes, sino que dichos informes son nulos de pleno derecho. El procedimiento se basa en una caracterización de suelos realizada por un laboratorio sin la acreditación ENAC que la ley exige como requisito esencial, y omite la investigación de contaminantes cancerígenos como los benzopirenos, hidrocarburos policlínicos aromáticos etc. Un proyecto basado en informes inválidos es un proyecto ilegal.
La insinuación de que las asociaciones denuncian "justo cuando se está actuando" es una tergiversación malintencionada de los hechos.
Advertencias Previas Ignoradas: Llevamos años advirtiendo de la ilegalidad de este proyecto. Se han presentado escritos, solicitudes de información y denuncias administrativas previas que han sido sistemáticamente ignoradas por el Ayuntamiento. En el día de ayer le dirigimos un escrito a Dña Noelia Arroyo con todas las denuncias que hemos formulado y que no han sido respondidas. Se adjunta.
La Licitación es el Punto de no Retorno: La denuncia se formaliza cuando la administración, desoyendo todas las advertencias, da el paso definitivo para ejecutar un proyecto que consideramos nulo de pleno derecho. No denunciamos la "actuación", sino la consolidación de una ilegalidad que pone en riesgo la salud de las personas y el erario público. Ir "de la mano" de la administración es imposible cuando esta camina en dirección contraria a la ley.
El proyecto es nulo de raíz. No son defectos subsanables, sino vicios que impiden su existencia legal:
Incompatibilidad Urbanística: Se viola la prohibición de construir viviendas a menos de 4.000 metros de un vertedero de residuos peligrosos no clausurado.
Omisión de la Evaluación Ambiental: Se ha prescindido del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, obligatorio por ley, lo que invalida el proyecto.
Invalidez de los Informes de Base: Todo el expediente se sustenta en análisis de un laboratorio sin la acreditación ENAC que exige la ley.
Usurpación de Competencias del Estado: La administración autonómica se ha pronunciado sobre riesgo radiológico, una competencia exclusiva del Consejo de Seguridad Nuclear. (VEASE UN RESUMEN MUY RESUMEN EN EL ANEXO I)
Insistir en esta licitación es un acto de grave irresponsabilidad. Si se adjudican las obras, el escenario más probable es el siguiente:
Inicio de Excavaciones a Ciegas: La empresa adjudicataria comenzará a mover miles de toneladas de tierra sin que nadie sepa con certeza qué contienen, ya que se ha incumplido el Real Decreto 646/2020 que obliga a caracterizar los residuos ANTES de extraerlos.
Paralización Judicial: Ante la manifiesta ilegalidad, los tribunales ordenarán la suspensión cautelar de las obras.
Creación de un Nuevo Foco de Contaminación: La consecuencia será una obra paralizada con montañas de residuos excavados y acopiados al aire libre, sin analizar y a merced del viento, hasta que un laboratorio acreditado determine su peligrosidad. Se agravará el mismo riesgo que se pretendía solucionar.
Los costes pueden alcanzar la cifra de 1 MILLON DE EUROS y frustraría automáticamente la suspensión de las obras por el importe del modificado de la adjudicación.
También puede suceder que si alguien licita por un importe menor los residuos de la excavación acaben en vertedero no autorizado, como esta asociación ya denuncio en las obras realizadas junto a la estación, donde las tierras excavadas acabaron en un vertedero de La Unión.
Conclusión:
El debate no es si se roba un vallado o si los informes existen en un cajón. El debate es que se pretende construir viviendas donde la ley lo prohíbe, basándose en un procedimiento nulo, ignorando un riesgo "inaceptable" para la salud y usurpando competencias estatales. Apelamos a la responsabilidad y solicitamos que, en lugar de desviar la atención, se proceda a la paralización inmediata del proyecto y se asuman las graves responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de esta gestión.
En palabras de D. Fulgencio Sánchez Fuentes, portavoz de las asociaciones, "No estamos ante una discrepancia técnica, sino ante una actuación contraria a la ley, el Ayuntamiento sabía desde hace más de dos años que este suelo supone un riesgo inaceptable para la salud de sus vecinos.
En lugar de protegerlos, ha impulsado un proyecto urbanístico ilegal, basado en informes sin validez, omitiendo la evaluación ambiental, con la administración autonómica usurpando competencias estatales en materia de riesgo nuclear y, lo que es más grave, sin saber qué residuos tóxicos se van a excavar.
Pretenden construir viviendas donde la ley lo prohíbe expresamente sin haber solucionado inmediatamente desde la toma en conocimiento para vecinas como María Ángeles que dentro de su casa hay un riesgo inadmisible para salud conocido desde mayo de 2023. Exigimos la paralización inmediata, la adopción de medidas cautelares y que se depuren todas las responsabilidades.
La salud de las familias no puede ser la moneda de cambio de una operación urbanística fallida."
Foto de portada de la parcela donde quieren construir con residuos de pirita, en Los Mateos
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