CULTURA AHORA DE ULTRADERECHA Y DEL PP, AUTORIZA EL DERRIBO DE LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN, PORQUE EL PATRIMONIO NO TIENE VALOR

Los muros con pintadas, desconchones y la mampostería desprendida, así como las zonas apuntaladas en el pabellón de entrada ponen de manifiesto, a simple vista, el deterioro sin freno de la antigua cárcel de San Antón. La Consejería de Cultura ha emitido una resolución autorizando la demolición de parte del complejo y la conservación del resto. Sin embargo, la controversia está ahora en si el pabellón de reclusos se considera protegido y a salvo de la piqueta, como argumenta el Ayuntamiento a la hora de dar la licencia de derribo, o no lo está, como defiende el Hospital Perpetuo Socorro, propietario del antiguo penal. De ello depende el proyecto de esta mercantil para transformar el edificio en instalaciones complementarias a su centro sanitario.

La resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma llegó al Ayuntamiento el pasado 10 de marzo. En ella resuelve «autorizar el proyecto para la demolición de parte del edificio penitenciario (antigua cárcel de San Antón de Cartagena), desde el punto de vista de patrimonio cultural». El permiso se ajusta al «proyecto (...) remitido por el Ayuntamiento para su informe por parte de esta Dirección General».

La Comunidad

Autoriza derribos parciales sin especificar cuáles y sin referirse a zonas protegidas o sin protección.

Urbanismo Municipal

Dará licencia de demolición en la que asegura que no estará incluido el pabellón de reclusos.

Perpetuo Socorro

Respeta los elementos que Cultura considera protegidos, pero exige que le dejen derribar el resto.

Ese plan de obras, para el que Urbanismo ya prepara el permiso de derribo parcial, excluye el citado pabellón de reclusos, que constituye el cuerpo central del complejo, dado que es donde residían los presos. «Está protegido por un auto del Tribunal Superior de Justicia», indicaron ayer desde el Ayuntamiento. Ese escrito de septiembre de 2019 impide cautelarmente tocar ese edificio, en espera de una decisión definitiva que aún no ha tenido lugar.

«En mal estado y sin valor»

Para el Perpetuo Socorro, lo que cuenta es una resolución de Bienes Culturales, previa a la notificada el 10 de marzo. En aquel documento del 16 de febrero, la Comunidad proponía echar abajo los elementos no protegidos y se basaba en un informe del Servicio de Patrimonio del Gobierno regional para incluir el pabellón de reclusos entre las partes prescindibles. «Vistos los informes emitidos (...) consideramos que en los mismos se justifica sobradamente criterios técnicos que se han tenido en cuenta para conferir al inmueble o grado de protección idóneo (...) justificando la exclusión del pabellón de reclusos en su mal estado de conservación, en la inexistencia de valores que proteger o conservar y en que, ni por su tipología ni por la calidad de sus elementos ofrece relevancia como patrimonio cultural», se señala en aquella propuesta. Nada de esto figura, sin embargo, en el escrito final de Bienes Culturales resolviendo la demolición de parte del complejo, sin especificar cuál.

Desde Urbanismo interpretan que el proyecto al que se refiere Cultura solo permite prescindir de edificaciones solapadas al complejo original con posterioridad a la construcción de cárcel en 1930 y que se consideran totalmente superfluas. Entre ellas no está la zona de reclusos, sino solo varios remates laterales del pabellón de entrada, una zona de barracones en la parte posterior, pegada al muro perimetral y varias dependencias intermedias que se consideran de poca importancia.

«Salvar todo lo salvable»

«La intención del Ayuntamiento es salvar todo lo salvable, tal y como nos comprometimos, e informar de ello a la Plataforma 'La cárcel no se vende'», explicó ayer un portavoz municipal, en contacto con Urbanismo y con el departamento jurídico municipal. El último movimiento realizado por los letrados municipales para contrarrestar los informes del Servicio de Patrimonio sobre que el pabellón de reclusos no está protegido fue ampliar el recurso que supuso la suspensión cautelar del TSJ de cualquier demolición, para que su decisión definitiva vaya en el mismo sentido.

Urbanismo tiene ahora que emitir la licencia de derribo de acuerdo con lo dispuesto por la Comunidad Autónoma y esperar la reacción del Perpetuo Socorro, si no satisface sus planes.

Los dueños anuncian una denuncia por prevaricación si Urbanismo no les autoriza tirar el bloque principal

El abogado del Hospital Perpetuo Socorro, Manuel Abadía, advirtió ayer de que la no inclusión del pabellón de reclusos en la licencia de demolición pedida por la mercantil a la que representa podría acabar con el Ayuntamiento de nuevo en los tribunales por «prevaricación por omisión». A su juicio, lo que vale en este caso es el escrito del 16 de febrero, basado en un informe del Servicio de Patrimonio «que certifica», dijo Abadía, «el estado cochambroso» del bloque central de la cárcel. «Nosotros aceptamos conservar lo que los técnicos de Cultura consideran protegido en el Bien Inventariado, pero exigimos que nos dejen derribar lo que no lo está, como ese documento dice», apuntó.

El representante legal del Perpetuo Socorro en este caso recordó que la empresa compró la cárcel después de que la subasta realizada por el Estado quedara desierta en dos ocasiones. «Nadie se interesó por ella. Ni siquiera el Ayuntamiento». Rememoró cómo la Administración tampoco hizo nada efectivo por aumentar la protección del edificio, «que nunca fue considerado patrimonialmente valioso en el pasado», subrayó. A su juicio, el afán posterior por mantenerlo todo en pie, «a riesgo de que las partes que peor están arrastren el resto en su caída», advirtió, se deben a «intereses particulares».

La antigua prisión, construida en 1930 y que cerró en 2010, tras salir de ella los últimos presos en régimen de tercer grado, pasó a manos del Perpetuo Socorro a principios de 2017. La mercantil presentó un proyecto para aprovecharla como aparcamiento y recinto complementario con el hospital que tiene delante. Solicitó para ello una licencia de demolición parcial. Esto coincidió con la llegada a la alcaldía de Ana Belén Castejón, que desde entonces ha hecho todo lo posible por evitar los derribos. En ese camino consiguió el auto de suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia, y un pronunciamiento favorable de la Audiencia Provincial, que desestimó la prevaricación de la que le acusó el Perpetuo Socorro y respaldó su papel de garante de la permanencia del antiguo penal en pie.

Los intentos de negociar una salida no han fructificado. Y desde el Perpetuo Socorro consideran que impedir las demoliciones que quiere hacer supone un obstáculo insalvable para dar al recinto el uso que pretende y por el que lo compró.

Fuente de La Verdad: https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/cultura-permite-demoler-20210406001102-ntvo.html

Imagen cedida de la PLATAFORMA LA CÁRCEL NO SE VENDE